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A partir del 1° de agosto, según se anunció hoy oficialmente, las mujeres que tengan 60 años de edad o más y no puedan acceder a la jubilación del sistema previsional nacional por falta de aportes, ni aun adhiriendo a un plan de moratoria, podrán contar años de aportes por sus hijos para llegar, de esa manera, a cumplir con el requisito de los 30 años de contribuciones. Antes de la puesta en marcha del plan deberá emitirse un decreto de necesidad y urgencia, ya que las condiciones para percibir un beneficio jubilatorio están establecidas por ley. La medida fue anunciada por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, en Lomas de Zamora. Según las estimaciones de funcionarios del Gobierno, unas 155.000 mujeres podrán acceder al beneficio.

El programa, llamado “de reconocimiento de períodos de aportes por tareas de cuidado”, permitirá que se contabilice como aportado un año por cada hijo, como regla general, y dos años por cada hijo que haya sido adoptado siendo menor de edad, “porque se reconoce el especial compromiso que significa la adopción como forma de proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia”, según explica un informe de la Anses. También se prevé otorgar un reconocimiento de manera ampliada en el caso de hijos con discapacidad o por los que se haya cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) al menos por 12 meses. En el primer caso se sumará un año adicional y, en el segundo, dos años adicionales al establecido en la regla general.

El plan, que tiene un tinte electoral -dada la oportunidad del anuncio y la herramienta normativa a la que se recurre, un DNU en lugar de llevar el tema al Congreso- es lanzado por el Gobierno luego de un año y medio en el que la decisión política fue aplicar un fuerte ajuste fiscal que afectó a las jubilaciones y pensiones, con subas de haberes que estuvieron por debajo de la inflación y, también, con una reducción significativa del número de nuevos jubilados; el promedio mensual de altas de beneficios entre enero de 2020 y marzo de 2021 (10.300 casos) fue, de hecho, menos de la mitad del número que se había registrado en los 36 meses previos (20.700).

El escrito del organismo de la seguridad social afirma que “los datos estadísticos y administrativos evidencian que, a partir del nacimiento del primer hijo/a, y con más claridad a medida que se incorporan más nacimientos, es menor la densidad de aportes previsionales que registran las mujeres”, por lo que se busca reparar la situación.

Actualmente, del total de jubilaciones de la Anses, el 65% requirió de una moratoria, es decir, de un plan subsidiado para el pago en cuotas -y en forma simultánea al cobro de los haberes mensuales- de aportes no realizados en su momento, según una publicación de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, con datos a marzo de este año. El 87% de esas prestaciones equivalen al haber mínimo, hoy de $23.064,70. Entre las pensiones, la incidencia de las moratorias es mucho más baja, del 13%. En total, hay 3,26 millones de jubilaciones con moratoria y 1,76 millones sin moratoria. Entre las pensiones, algo más de 200.000 son con planes de cuotas y 1,34 millones, sin.

De las altas de jubilaciones otorgadas desde 2017, la tasa de nuevas prestaciones con moratoria se mantiene en un valor de entre el 50 y 60%, aproximadamente. En años anteriores llegó a ser más alta; en 2015, por ejemplo, llegó a 88%, por una flexibilización de las condiciones para entrar en los planes. El dato habla a las claras de los graves problemas de informalidad y fragilidad del mercado laboral, para los cuales no se discuten, desde la política, soluciones de fondo. Y, a la vez, rige un sistema previsional con condiciones rígidas para acceder a las prestaciones.

¿Cuáles son los planes que siguen vigentes? Está, por un lado, la moratoria de la ley 24.476, por la que pueden declararse aportes hasta septiembre de 1993 y siempre que se haya tenido al menos 18 años al inicio del período informado. La limitación para ingresar a ese plan va siendo mayor con el paso del tiempo. La ley 26.970, en tanto, les permite a las mujeres de 60 años o que cumplen esa edad hasta el 23 de julio de 2022, declarar deudas por períodos hasta diciembre de 2003; los varones pueden acceder si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.

Una medida sin previsión

Ingresar a una moratoria implica declararle al fisco una deuda por aportes, para saldarla usando un plan especial, con cuotas que se descuentan de los haberes. El mecanismo implica solamente un parche y no una solución de fondo, en una Argentina con una amplia problemática laboral. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cuarto trimestre de 2020 más de la mitad de los puestos de trabajo (entre los que son bajo relación de dependencia y los que son por cuenta propia) está en la informalidad. Además, muchas de las personas que cuentan con aportes están, en rigor, en sistemas subsidiados en materia previsional, como el del monotributo o el de servicio doméstico.

Con ese escenario, lo cierto es que ni cuando se lanzó la posibilidad de jubilarse por moratoria, hace más de una década y media, ni cuando el plan se amplió, hubo una evaluación del impacto que ello tendría en las cuentas fiscales, ni una previsión de medidas especiales para el financiamiento. En un principio, tampoco se contempló la situación socioeconómica de las personas que pedían el beneficio, un aspecto que, con el tiempo, fue modificado.

En 2016 fue creada por ley la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, con la que se buscó reemplazar el mecanismo de las moratorias. Acceden a esa prestación las personas de 65 años y más que no tienen los aportes necesarios para la jubilación. Uno de los aspectos que se le cuestionan es que, según su diseño, le reconoce el mismo ingreso a quien no tuvo ningún aporte y a quien tuvo, por ejemplo, contribuciones al sistema durante 20 años. El régimen previsional general tampoco contempla beneficios proporcionales para los casos en los que hubo aportes, pero no en la cantidad suficiente para acceder a la jubilación regular.

Fuente: La Nacion – Silvia Stang

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